MARZO NUEVA FECHA PARA ADECUACIONES A LA LEY DE MOVILIDAD: CRISTINA TORRES

El Gobierno del Estado y sindicatos de taxistas concretan un pacto de civilidad en el tema UBER, la secretaria de gobierno Cristina Torres Gómez dijo que por instrucciones de la gobernadora del estado Mara Lezama Espinosa se extendió el plazo para llegar a un resolutivo final sobre las adecuaciones de la Ley de Movilidad. Para ello será únicamente el Congreso del Estado quien reciba las propuestas de todos los involucrados sobre el tema.

La encargada de la política interna del estado menciono que será para el mes de marzo cuando ya se tendrá el resolutivo y cambios que tendrá la ley en mención definida por el poder legislativo a través de las propuestas que se hayan presentado, agrego que en la mesa de dialogo con el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) que aglutina a todos los sindicatos de la entidad se acordó mantener la paz social, es decir evitar conflictos tal y como sucedió en días pasado en el municipio de Benito Juárez.

Torres Gómez fue enfática al señalar que todo aquel que trasgreda el estado de derecho o que viole el acuerdo asumido entre las partes de mantener el orden social será sancionado como lo marca la ley ya que dijo no se permitirá que la imagen y sobre todo la tranquilidad de la ciudadanía se vea trastocada por unos cuantos.

Recordó que previamente se tenía marcado como fecha límite el 26 de febrero para tener lista la ley; sin embargo este plazo se extendió un mes más y se mantendrá habilitado un micro sitio en la página del Congreso de Quintana Roo para recoger opiniones y sugerencias ciudadanas sobre esta reforma.

Con lo anterior se propone poner fin al conflicto entre el gremio de taxistas y Uber, el cual inició en el 2016, con la entrada en operaciones de esta plataforma en Cancún. Dos años después, se aprobó una nueva la Ley de Movilidad que impuso desde entonces a Uber la obligación de tramitar una concesión ante el gobierno del estado para poder operar.

Ese mismo año Uber se amparó y obtuvo en el 2019 la suspensión de los efectos de la ley, hasta que el pasado 11 de enero del 2023 los tribunales en Cancún le dieron definitivamente la razón, al declarar inconstitucional la Ley de Movilidad que los identificaba como servicio público.

Finalmente Cristina Torres dijo que sostuvo una reunión con representantes del gremio taxista en la cual se acordó la conformación de mesas de trabajo para el nuevo marco normativo, estableciendo que en caso de presentarse cualquier acto contra el Estado de Derecho habrá consecuencias jurídicas.