Cozumel avanza en modelo homologado de justicia cívica

Cozumel, a 18 de agosto de 2025.- Con el firme propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y la sana convivencia social, el municipio de Cozumel, encabezado por José Luis Chacón Méndez, avanza en implementar el modelo homologado de justicia cívica. Como parte de este proceso, jueces cívicos de la isla recibieron capacitación especializada en la verificación de normatividad y procedimientos, lo que permitirá armonizar el reglamento local con los lineamientos nacionales.

El presidente municipal José Luis Chacón Méndez destacó la importancia de avanzar en este proceso en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte la secretaria general, Margarita Vázquez Barrios, afirmó que este proceso permitirá mayor capacitación para los jueces y también sumarse a las acciones que ya se realizan a nivel nacional.

Durante la jornada, Joel Francisco Suárez Góngora, encargado de coordinar la implementación del modelo homologado de justicia cívica en Cozumel y en el Estado, destacó que actualmente se tiene un avance del 50 por ciento en materia de reglamentación y acompañamiento de los jueces cívicos. Subrayó que los retos pendientes incluyen infraestructura, mecanismos alternativos de solución de conflictos, oralidad y la integración de la policía orientada a la atención de problemáticas sociales.

El especialista reconoció la voluntad política del presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, así como de la Secretaría General y los jueces cívicos, para avanzar en la implementación de este nuevo esquema. Precisó que la meta es que antes de concluir el 2025 Cozumel logre consolidar al menos cuatro de los cinco ejes que contempla el modelo homologado, alineándose así con el trabajo que ya realizan otros municipios del estado.

Finalmente, Suárez Góngora explicó que la ciudadanía será la principal beneficiada, ya que la justicia cívica busca prevenir que las faltas administrativas escalen en actos de violencia o delitos. Para ello, el modelo contempla herramientas que permiten canalizar a las personas infractoras hacia programas de atención psicológica, de adicciones o de reinserción social, promoviendo la paz y la convivencia armónica en la comunidad.