AVANZA APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Chetumal.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado José Antonio León Ruiz, afirmó que en los últimos dos años se ha avanzado en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, teniendo mayor efectividad en la atención judicial de delitos de alto impacto.

En videoconferencia de prensa ofrecido este viernes al mediodía, expuso que la participación del Poder Judicial desde el 2018 en la Mesa de Seguridad del Estado ha fortalecido la coordinación entre las autoridades, para que se siga el debido proceso desde que se realizan las detenciones y se tenga mayor efectividad de crímenes como extorsiones, violaciones y homicidios dolosos.

Detalló que en los distritos judiciales de Benito Juárez y Solidaridad, de enero a julio del 2018 se tuvieron 64 órdenes de aprehensión, mientras que en el mismo período del 2019 ya fueron 119 y en el mismo período del 2020 son 229 las emitidas por los jueces.

También dijo que de enero a julio del 2018 se emitieron 5 órdenes de cateo, y en el 2019 fueron 25 y en el mismo período del 2020 ya van 27.

En el caso de las vinculaciones a proceso, de enero a julio del 2018 hubo 159, y para el 2019 ya fueron 349, mientras que en el 2020 van 314 en el mismo lapso de meses.

También mencionó como dato que en los casos de delito de extorsión de enero a julio del 2018 se emitieron 3 vinculaciones, en 2019 ya son 9 y en 2019 ya son 24.

Refirió que se ha avanzado en la implementación de la reforma nacional de extinción de dominio, pues ya se estableció un Juzgado para atender la materia, dotando de facultades al juzgado primero civil de Cancún, para atenderlo de manera oral.

Por su parte la Fiscalía General del Estado ya estableció su fiscalía especializada para extinción de dominio, y se espera que en breve se esté judicializando el primer caso.

León Ruiz destacó que Quintana Roo es uno de los estados con mayor avance en la implementación del sistema judicial oral, puesto que actualmente el 53 por ciento de sus procesos son orales, porcentaje que todavía no se da en el país.

En este sentido, destacó que muy pocos estados tienen oralidad en materia civil y familiar, mientras que Quintana Roo ya lo tiene, y se cuenta con una efectividad de 42 por ciento en los asuntos conciliados en materia familiar.

Sin embargo, mencionó que todavía no pasan todos los asuntos de las materias civil y familiar a la oralidad, porque están pendiente una reforma federal para tener un código nacional en la materia, y mientras tanto los estados no pueden legislar sobre eso.

No obstante, dijo que en materia familiar la mayoría de los casos se atienden en sistema oral, con un modelo que procura dar celeridad a los procesos, y por eso en Cancún ya se creó un segundo juzgado oral familiar, mientras que los juzgados tradicionales familiares se redujeron a uno, por la diferencia de cargas de trabajo.

Afirmó que hasta el momento no existen estudios actualizados que midan el avance en estos procesos, pero de acuerdo al último presentado en 2018 por la asociación México Evalúa, Quintana Roo es séptimo lugar en número de jueces por cada 100 mil habitantes; en defensoría se está por encima de la media nacional, con un defensor por 26 personas, cuando el promedio nacional es 219; en quinto lugar, por encima de la media nacional, en imputados bajo medida media cautelar; y en tercer lugar en solución de controversias, con 11.3 por ciento, mientras la media nacional es 4.2 por ciento.

Afirmó que también la consolidación del sistema oral depende de cómo estaba el sistema tradicional de justicia, y en este había un gran rezago de casos, con alrededor de mil 400 sentencias pendientes cuando inició su gestión en 2017.

Dijo que por eso se ha establecido un programa especial para atender este rezago y desde 2017 a la fecha se han dictado mil 755 sentencias, con lo que ha bajado mucho la carga y se están agotando los asuntos del sistema tradicional.

Agregó que en 2017 en Benito Juárez y Solidaridad había un 74 por ciento de personas privadas de su libertad sin sentencia, y ahora se han reducido a 21 por ciento.

También destacó que a pesar de la contingencia sanitaria se ha avanzado en los pasos para implementar la reforma laboral, con un plan, capacitaciones y planos de los espacios físicos para los juzgados laborales, a pesar de que no se les ha proporcionado recursos específicos.

Mencionó que las autoridades federales determinan los pasos que se darán, y había la posibilidad de extender los plazos de arranque, pues en el caso de los que inician en 2021 se les extendió hasta noviembre, y Quintana Roo entrará hasta el 2022, en el segundo bloque de estados.

Agregó que el Poder Judicial lleva dos años pidiendo a la legislatura los recursos para implementar esta reforma que les preocupa mucho, porque es un tema novedoso para ese poder, mientras que la contingencia sanitaria les afecta la parte operativa y de arranque.

Por otra parte, expuso que en lo que va se la gestión judicial, se tienen pendientes de terminar algunos puntos del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, como el tratamiento de adicciones, concretar en todo el estado el expediente electrónico mercantil, que está ahora sólo en Cancún; el expediente electrónico civil.

También mencionó que se iniciarán los preparativos para cumplir con la reciente reforma en transparencia, que establece la obligación de publicar todas las sentencias y no sólo las relevantes.

En el caso de la mediación privada, todavía no está listo el mecanismo para certificación, porque está pendiente la discusión de una reforma federal en la materia.

El presidente del Poder Judicial destacó que durante el confinamiento establecido por el Covid-19, mientras estuvo suspendida la atención del público en la mayoría de las áreas se atendieron 7 mil 799 asuntos, todos los cuales fueron concluidos.

Asimismo, manifestó que los filtros médicos, el sistema de citas y la automatización de procesos han permitido que al reabrir la atención presencial las oficinas puedan seguir brindando servicio, sin cerrar de nuevo, como le ocurrió a Yucatán.

Explicó que en este momento sólo el 30 por ciento del personal trabaja por semana, y se turnan, aunque lamentablemente han fallecido 5 servidores públicos, aunque por contagios que padecieron fuera de las instalaciones laborales.

Además, se realiza un monitoreo del personal, los que han sido casos positivos y sospechosos.

Cabe recordar que el pasado martes 25 de agosto, el magistrado León Ruiz rindió su tercer informe de actividades, en sesión solemne del Tribunal Superior de Justicia que se realizó sin público debido a la pandemia del Covid-19. (Cambio22.mx)

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